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El 75% del negocio de las grandes constructoras españolas está en el exterior, mientras se espera el despegue de la recuperación interna

El crecimiento de las inversiones de las constructoras españolas en el exterior se debe, en gran medida, a la falta de inversiones y licitaciones públicas en España

Noticia del sector

Más del 75% de la facturación de las grandes constructoras españolas procedió, el pasado ejercicio, de sus negocios en el extranjero. Tal y como señalaba recientemente una noticia publicada en el Diario ABC: de los 62.600 millones de euros facturados por las grandes empresas del sector español (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL) en 2018, más de 47.000 millones tuvo su origen en obras fuera de España.

De esta manera se continúa con una tendencia que se inició antes de la crisis, y que sigue manteniéndose durante los años de crecimiento económico posteriores. Uno de los mayores proyectos ejecutados por constructoras españolas en el extranjero fue el AVE entre La Meca y Medina. Por un valor de más de 7.000 millones de euros, fue licitado a un consorcio de hasta 12 empresas españolas, entre las que se encontraban las públicas Adif o Renfe, y las privadas Indra, OHL o Copasa.

El continente americano también está siendo un gran foco de obras nuevas para las empresas españolas. Entre los últimos proyectos con sello español encontramos el que ejecutará Ferrovial en labores de operación y mantenimiento de carreteras en Canadá por valor de 200 millones de euros, o el proyecto de 3.000 millones de ACS para la construcción de un túnel en Virginia (EEUU). Asimismo, son también relevantes los contratos conseguidos en los últimos años en Latinoamérica, con obras en Colombia, Chile o Panamá.

En total, tal y como se apuntaba desde ABC, las seis grandes constructoras españolas acumulan una cartera de pedidos pendiente de ejecutar por un valor de 165.000 millones de euros, con un gran peso de los proyectos extranjeros.

La principal causa de esta tendencia: la falta de licitaciones públicas en España

El crecimiento de las inversiones de las constructoras españolas en el exterior se debe, en gran medida, a la falta de inversiones y licitaciones públicas en España. Desde la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, Seopan, se ha reclamado en varias ocasiones un pacto de Estado que aborde la falta de contrataciones por parte del sector público.

Entre las causas de este bajo nivel de obra pública en España, el director del Centro de Colaboración Público Privada del IESE, Miquel Rodríguez, apuntaba en ABC, no sólo al arrastre de los efectos de la crisis, sino también a la inestabilidad política del panorama nacional. Esta incertidumbre ya puso en alerta a las constructoras, sobre todo tras el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado el pasado mes de febrero. Un rechazo que deja en el aire, entre otras actuaciones, el plan privado de carreteras, el mantenimiento de las autopistas quebradas o los planes de Cercanías.

Más de 800 actuaciones prioritarias planificadas y pendientes

En este sentido, y ante esta situación, la patronal de las concesionarias demandaba, a finales de 2018, junto al Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), más de 800 actuaciones prioritarias planificadas y pendientes en materia de transporte, agua, medio ambiente o urbanismo en nuestro país. Con un valor de 103.000 millones de euros, las organizaciones apelaban al cerca del millón de puestos de trabajo que se crearían con el desarrollo de dichos proyectos y a los más de 50.000 millones de retorno fiscal que se generarían con las obras. Proyectos con los que, desde Seopan, se busca, no solo el cumplimiento de directivas europeas en materia de agua o medio ambiente, sino también la mejora de la accesibilidad o movilidad urbana, al mismo tiempo que se apuesta por dar impulso al sector en nuestro país.

Un impulso que puede venir, además de la obra nueva, de la mano de obras y trabajos en conservación de infraestructuras. Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se apuntaba el pasado mes de octubre a la necesidad de duplicar el presupuesto destinado a este tipo de tareas, de los 960 millones de euros de media destinados en los últimos años desde el Ministerio de Fomento, al entorno de los 2.000 millones de euros para el mantenimiento óptimo de la red en España.

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